Los demócratas reivindicamos la Transición como uno de los momentos más brillantes de la historia de España, momento histórico que supuso pasar de forma pacífica de una cruel dictadura a la democracia avanzada con la aprobación de la Constitución Española de 1978, que se fundamentó en un amplio compromiso social y político para superar las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española con el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno de la Segunda República elegido democráticamente, al que siguieron una cruenta Guerra y cuarenta años de Dictadura y represión franquista.

La Transición asumía el legado democrático y de dignidad que varias generaciones de españoles y españolas habían forjado en torno a la defensa de la democracia, la lucha antifascista en Europa y la recuperación de las libertades individuales y colectivas en nuestro país. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad. La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan, por tanto, un inexcusable deber moral en la acción política y es signo de la calidad de nuestra democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos.

 En ese contexto, la Ley de Memoria Democrática aprobada hace ahora un año en las Cortes Generales, se fundamenta en el firme convencimiento de que el conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir sus errores. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy afrontar  la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. El olvido no es opción para una democracia. En ese sentido, la memoria democrática supone la culminación del camino democrático y de reconciliación emprendido por la Transición.

En coherencia con todo lo anterior, la Ley de Memoria Democrática sitúa a las víctimas de la Guerra y la Dictadura franquista en el centro de la acción pública y de las políticas de memoria democrática, que tienen por objeto dar cumplimiento a los principios del derecho internacional de los Derechos Humanos de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No repetición. Para ello, define el concepto de víctima en la línea de la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, incluyendo en este concepto a todas las víctimas de la Guerra, así como todas las personas que sufrieron cualquier tipo de forma de represión o persecución durante la Dictadura y hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Singularmente, la ley declara el 31 de octubre como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas, porque es la fecha en la que se aprobó en 1978 la Constitución española por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, y en la que se produjo veintinueve años después la aprobación en pleno de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como de Memoria Histórica. En cumplimiento de lo anterior, el 31 de octubre de 2022, apenas una semana después de la entrada en vigor de la ley, se celebró por primera vez el Día de las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura en el Auditorio Nacional en Madrid en un acto de Estado, presidido por el presidente de Gobierno.

 En dicho acto solemne, que comenzaba con un minuto de silencio, se hizo entrega de declaraciones de reparación a una veintena de víctimas y familiares, honrando así a muchas vidas anónimas sepultadas bajo una losa de indiferencia imperdonable y tratando de saldar la deuda de gratitud que nuestro país aún tiene con quienes se comprometieron con una España democrática.