El gobierno local, de IU, sostiene que se trata de "una decisión obligada para cumplir la legislación nacional que exige a los ayuntamientos recaudar el cien por cien del coste real del servicio", pero también la legislación nacional recoge que cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad local puede fijarlo por debajo del límite indicado.
Los socialistas presentamos una enmienda para que por lo menos las personas más vulnerables fueran exoneradas del pago de dicha tasa (100% de bonificación) en función de sus ingresos. Enmienda que fue rechazada.