El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Mieres, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente MOCIÓN RELATIVA A LA CONVIVENCIA EN CATALUÑA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La irresponsabilidad histórica del PP.

El preámbulo de la Constitución española recoge que el pueblo español manifiesta, entre otras, su voluntad de:

“Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.”

Por tanto, la convivencia es un valor supremo de nuestro ordenamiento constitucional que ha de inspirar la acción de todas las formaciones políticas, en particular de aquellas que se dicen de Estado.

Lamentablemente, hace mucho tiempo que el Partido Popular tiene conductas que no han ido precisamente en pro de la convivencia entre los españoles, utilizando el conflicto territorial, especialmente con Cataluña, como arma política para intentar obtener mejores resultados en otros lugares de España.

La victoria electoral del PP en 1996 fue jaleada al grito de “Pujol enano, habla castellano”, lo que años más tarde el propio Aznar definió como “un poco jocoso”. Semanas después, el entonces dirigente popular pasó a hablar catalán en la intimidad tras la firma de los acuerdos del Majestic que propiciaron el traspaso de copiosas competencias a la Generalitat de Catalunya.

Para la derecha política y mediática este era un pacto por la gobernabilidad elogiado por tierra, mar y aire. Algo inaudito si tenemos en cuenta que, tres años antes, cuando Felipe González llegaba a un acuerdo con Jordi Pujol para formar gobierno, esas mismas derechas le acusaban de humillarse y de comprometer los intereses de España para continuar en el poder; se decía también que el pueblo español pagaría un alto precio para que González siguiera en el poder.

Una de las competencias transferidas a la Generalitat como consecuencia del pacto del Majestic fue la de tráfico. Se hizo mediante una Ley orgánica específica puesto que esta competencia no estaba prevista en el Estatuto de Autonomía y supuso que la Guardia Civil dejara de ejercer esa función en Cataluña, en favor de los Mossos d’Esquadra. Con lo que hemos tenido que escuchar cuando se ha transferido la misma competencia a la Comunidad Foral de Navarra, estando esta prevista en su Estatuto.

Con el pacto del Majestic, además, se eliminaron los gobernadores civiles, se cedió el 30% del IRPF, se traspasó el INEM y las políticas activas de empleo, se modificó la Ley de Puertos para que la Generalitat nombre a los presidentes de los puertos de interés general… Y Cataluña aprobó una Ley de Normalización Lingüística sin que el PP ni la derecha mediática rechistaran.

Blanco y en botella: si lo acuerda el PP, incluso mucho más, es responsabilidad y pacto de Estado; si lo hace el PSOE, entonces se rompe España con tal de mantenerse en el poder.

Durante la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el PP volvió a demostrar su irresponsabilidad y su doble vara de medir. Mientras recurría ante el Tribunal Constitucional un sinfín de artículos del nuevo Estatuto catalán, Rajoy votaba a favor artículos idénticos en otros Estatutos (incluida la bilateralidad, por ejemplo).

A su vez, Rajoy recogía firmas contra el Estatuto catalán para pedir un referéndum sobre el mismo en toda España con la siguiente pregunta: ¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?

Nuevamente se venía a decir que España se rompía y que no habría igualdad entre los españoles. Diecisiete años después la misma música, la misma letra y España no se ha roto, incluso a pesar de los ataques contra la convivencia del PP.

Dos referendos ilegales y una declaración unilateral de independencia con el gobierno de Mariano Rajoy. Cuando España pudo romperse.

Aquella tensión a la que Rajoy sometió las relaciones de Catalunya y el conjunto de España están considerados como el inicio del procès que tanta confrontación y división produjo entre catalanes y que sometió a tanta tensión territorial a nuestro país.

Así, la Diada del 11 de septiembre de 2012, con Mariano Rajoy en el Gobierno, contó con la presencia de un millón y medio de catalanes que pedían la independencia, según la Guardia Urbana de Barcelona. Pocos días después, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, se reunían en la Moncloa sin que hubiera avance alguno, cerrándose toda opción de diálogo.

La consecuencia fue el adelanto electoral en Cataluña al 25 de noviembre de 2012, con un claro enfoque plebiscitario. En el mismo debate de política general en el que Mas anunciaba la convocatoria electoral, los independentistas aprobaban una iniciativa en el Parlament que comprometía la celebración de un referéndum soberanista.

La negativa al diálogo del PP es el mejor caldo de cultivo para el independentismo y el resultado electoral refuerza las posiciones independentistas con un incremento de 10 puntos en la participación.

Así las cosas, el apoyo al independentismo crece en las calles, registrando las Diadas de 2013 y 2014 el mayor apoyo al independentismo en las calles de Barcelona. En esos años, según la Guardia Urbana, los manifestantes ascendieron a 1,6 y 1,8 millones respectivamente.

La de 2014 se convierte en el prolegómeno al primer referéndum ilegal por la independencia, celebrado el 9 de noviembre de ese año a pesar de que Mariano Rajoy dijo que la consulta “ni se puede ni se va a celebrar”. Pero se celebró, con centro de prensa y difusión de resultados incluido, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. Un ridículo supino.

El desafío independentista arrecia ante la inoperancia política del gobierno del PP y el 27 de septiembre de 2015 se celebran nuevas elecciones en Cataluña, con los dos partidos independentistas concurriendo en una sola lista y con un claro compromiso para declarar la independencia.

Tras esas elecciones, Carles Puigdemont es elegido President de la Generalitat, asume la unilateralidad como única alternativa, promoviendo leyes de desconexión de Cataluña con el Estado, un nuevo referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y una declaración unilateral de independencia el 27 del mismo mes.

Mientras el independentismo seguía movilizándose masivamente, con cifras por encima del millón de personas en aquellas Diadas previas a la DUI, el gobierno de Rajoy opta solo por la vía punitiva, renunciando al diálogo, con reformas legales que no consiguieron disuadir al bloque independentista de su actuación.

No solo eso, una absoluta inoperancia en la escena internacional y la nefasta gestión del 1 de octubre hacen que, en los días venideros, resulte difícil explicar lo ocurrido ante otros países, agravando el riesgo de fractura territorial.

Este es el triste balance de la actuación rígida del PP, cautiva de su actitud frentista contra algunos territorios, motivada por el espurio ánimo de obtener mejores resultados electorales en otros lugares de España.

Desde luego, si ha habido un momento en el que España pudo romperse ha sido ese, no otro.

Y en ese momento, el PSOE apoyó al Gobierno ante semejante desafío, apoyando la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas, para garantizar el respeto a la Constitución y el cumplimiento de la legalidad en Cataluña.

Cataluña está mejor hoy que en 2017 y España no se ha roto.

Tras la moción de censura del 1 de junio de 2018, la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno no sólo supone la salida de la Moncloa de un Partido Popular condenado por corrupción y el fin de sus políticas de recortes y precariedad que tanto daño infligieron a la ciudadanía española. El nuevo gobierno socialista inicia una senda de diálogo en relación con Cataluña que continúa tras las elecciones generales de 2019 con el gobierno de coalición progresista.

Una senda de diálogo, que al contrario que lo hecho por el PSOE desde la oposición con el 155, nunca contó con el respaldo del Partido Popular, nuevamente enfrascado en utilizar la confrontación territorial como arma para hacer oposición al Gobierno de coalición progresista.

Un diálogo que supuso decisiones difíciles, como los indultos parciales a los líderes independentistas condenados por el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, pero que ha dado frutos evidentes. Hasta el punto de que la situación de Cataluña y de España es mucho mejor hoy que en 2017.

Hoy es mucho mejor la convivencia entre los catalanes y de estos con el conjunto de España, hoy es mucho menor la movilización del independentismo (la última Diada ha juntado a 115.000 personas, lejos de las cifras de la anterior década) y hoy se cumple la Constitución en toda España (salvo en la sede de Génova del PP donde llevan cinco años bloqueando la renovación del CGPJ).

Y sí, hoy también la primera fuerza política en Cataluña es un partido constitucionalista como el PSC, tanto en las elecciones autonómicas de 2021 como en las pasadas municipales y en las más recientes elecciones generales.

Todo el relato anterior pone de manifiesto que con el diálogo como herramienta y la Constitución como marco los frutos han sido más positivos para la convivencia y para la unidad de España. La confrontación y la falta de respeto a los principios constitucionales que amparan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país son una rara forma de garantizar la unidad de España.

Una reflexión final.

Convendría a la derecha hacer una reflexión sobre sus amenazas apocalípticas cada vez que gobierna la izquierda en España: “desmantelamiento de la nación”, “mutación constitucional”, “plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución”. Ya hemos visto que los mayores riesgos de ruptura se han producido con el PP en el Gobierno.

Son frases que preceden a convocatorias de movilizaciones que tienen el tufo de asonadas trumpistas y que ponen de manifiesto que no se digiere el resultado electoral ni se reconoce la legitimidad de los gobiernos que surgen de la votación de la ciudadanía y de las mayorías parlamentarias, como señala el artículo 99 de nuestra Constitución. Incluso con carácter preventivo como ocurre ahora o previo a una celebración electoral como ocurrió con aquella foto de Colón de febrero de 2019 de la que hoy solo queda el líder de una ultraderecha más envalentonada y que es el único socio posible para el PP.

Porque ese es el fondo de la cuestión: que no se acepta la legitimidad de un gobierno surgido de la voluntad popular y de las mayorías parlamentarias cuando es progresista. No se acepta la legitimidad un gobierno progresista que hace políticas para la mayoría, pensando en el interés general. Políticas que no gustan a una minoría privilegiada, a la que defiende la derecha política, mediática y económica y que está dispuesta a “llegar al límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él”, como alguien reconoció en su día. Él es siempre un Presidente de Gobierno socialista.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Mieres la adopción de la siguiente

 MOCIÓN

Se insta al nuevo Gobierno de España a continuar haciendo del diálogo, dentro del marco constitucional, la herramienta para mejorar la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de España